"Yo todo lo que presenté ante la Intervención del Ayuntamiento eran gastos relacionados con el servicio que yo hacía. Era alcalde 24 horas al día y dedicaba a eso todo el tiempo", dijo mientras reiteró que no era consciente de haber hecho nada irregular.

Cuando tengo un interventor y dos técnicos de intervención que hacen su trabajo de y control de pago, no puedo ir a hacer la labor de intervención".

El también diputado del Parlamento de Canarias expuso que se enteró de que existía un descuadre en los gastos de dietas después de que se interpusiera una querella en 1999, momento en el que encargó un informe "para ver qué había". Dicho documento dio un descuadre de más de 9.000 euros, un dinero que el ex alcalde "reintegró".

“el ex alcalde, en ningún momento dio cuentas a la Secretaría General del Ayuntamiento de los cometidos correspondientes a las dietas cobradas. El letrado municipal advirtió incluso, que Bethencourt retiraba billetes de barco para sus trayectos, que luego dejaba abiertos, sin conocerse el día u hora de la vuelta a la Isla, siendo dificultoso controlar las fechas de estancia fuera de La Gomera y en muchas ocasiones los cometidos de sus trayectos.

Entre los testigos está Enrique Salvador Villar, uno de los técnicos de la Audiencia de Cuentas de Canarias que fiscalizó las cuentas del ex regidor. "El abono de las dietas fue indebido, pero no hay responsabilidad contable porque el alcalde reintegró el dinero", aseguró el técnico.

El jurado ha decidido que el ex alcalde de Valle de Gran Rey cumpla condena en caso de que sea sentenciado por el magistrado-presidente a pena que suponga su ingreso en prisión y se muestra contrario a que se le conceda un indulto, según las fuentes.

GASTOS SIN JUSTIFICAR

Sin embargo, el Tribunal no considera probado que el ex regidor, "con la intención de enriquecerse ilícitamente a costa del erario público municipal y en virtud de las prescripciones citadas", cobró del Consistorio en concepto de dietas y gastos de desplazamiento la cantidad de 38.638 euros, sin que en ningún caso justificase la razón, necesidad o utilidad del desplazamiento efectuado.

Tampoco estiman probado que le fueron abonados un total de 338 días al cien por cien de la dieta por gastos de manutención ascendiendo a la cantidad de 30.471 euros, cuando en todo caso debieron ser 179 días al cien por cien de la dieta y 64 días al 50 por ciento de la dieta que debían alcanzar los 19.022 euros, añade el escrito. El Tribunal señala que "no existen datos exactos sobre las cantidades".

En cambio, sí consideran probado que la cantidad percibida por Bethencourt del Ayuntamiento de Valle Gran Rey por los conceptos mencionados fue la de 50.298 euros, sin que en ningún caso se justificara la razón, necesidad o utilidad de los desplazamientos realizados, percibiendo en todo caso el cien por cien de las dietas cuando, al no pernoctar fuera de su domicilio, sólo podía percibir el 50 por ciento de las mismas.

INGRESOS TRAS LA QUERELLA

Asimismo, declaran probado por unanimidad que una vez formulada la querella y realizada auditoría en virtud de un informe de la Intervención sobre un descuadre producido en las cuentas del Ayuntamiento, Bethencourt ingresó en la caja del Consistorio un total 9.465 euros; y ante el informe de las Audiencias de Cuentas procedió a ingresar 10.003 euros, además de que ingresó con posterioridad 4.776 euros, cuando nuevamente se le indicó que se produjo ese desfase. El Tribunal Popular también declara probado que la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas de España, como consecuencia de los reintegros realizados por el ex alcalde, adoptaron los acuerdos de declarar que no procedía la exigencia de responsabilidad contable ni la existencia de ilícito de alcance respecto del mismo.

Por último, el veredicto precisa que el ex alcalde, además de las dietas que percibía del Ayuntamiento, él mismo cobró del Parlamento de Canarias en 1999 en su condición de diputado autonómico la cantidad de 6.720 euros.

Por todo ello, el Tribunal popular le ha considerado culpable en concepto de autor del delito de malversación de fondos públicos. El juicio ha quedado visto para sentencia en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que se encarga del caso dada la condición de aforado de Bethencourt.
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